Si consideramos con Adela Cortina que la ética pública se refiere a la vida pública en su conjunto, es decir, que incluye tanto las organizaciones e instituciones del Estado como las que conllevan consecuencias públicas y por tanto, necesitan de legitimación, tales como las organizaciones e instituciones cívicas, las entidades económicas y empresariales, las actividades profesionales y la opinión pública, concluiremos, que, en nuestro país la mayoría de ellas adolece de un contenido ético que las sustente.
La carencia o ausencia ética en dichas instituciones genera comportamientos reñidos con las normas que toda sociedad se da para garantizar su supervivencia y la convivencia pacífica de los ciudadanos que la conforman. Con frecuencia utilizamos el concepto de ética para atribuírselo a las costumbres y hábitos que componen la vida cotidiana y que son generados de la historia y tradiciones de los pueblos y el término moral para calificar los mismos como justos o injustos, adjudicándoles además, a éstos, una categoría universal. Al primer término lo llamó Hegel "eticidad" y al segundo "universalidad".
Una de las manifestaciones más trágicas y dolorosas derivadas de la deficiencia de ética pública la vivimos hace poco cuando sucedió el homicidio perpetrado por el "Inca" Valero en su esposa Jennifer y el posterior suicidio del boxeador. Este acontecimiento tiene visos de irrealidad y muchísimos co-responsables.
En primer lugar, se trataba de un joven que había sufrido hacía varios años un traumatismo cráneo-encefálico que ameritó la colocación de una prótesis craneal. Solamente este hecho era suficiente para prohibirle seguir practicando boxeo. ¿Se le hizo algún seguimiento? ¿Le fueron practicados electroencefalogramas, RMC y demás controles cada cierto tiempo para chequear su condición neurológica? Todos sabemos que los traumatismos recibidos en la cara se reflejan en la parte posterior del cerebro produciendo en esa zona lesiones de contragolpe. Me pregunto si Valero y sus representantes fueron advertidos sobre estas consecuencias y se hicieron los desentendidos o si por el contrario, los médicos pecaron por omisión.
En segundo lugar, como elemento determinante en la condición mental del sujeto que nos ocupa, surge el consumo de drogas tales como cocaína, crack y alcohol. Consumo conocido por el círculo social y familiar que lo rodeaba y posiblemente también por las personas con quienes entrenaba y compartía, simplemente se hacía caso omiso de ello. Su condición de consumidor lo colocaba, según la OMS y nuestra Ley sobre Consumo de Drogas y Estupefacientes, en la condición de "enfermo". Surge la pregunta ¿fue tratado como tal? o por el contrario "no convenía" atribuirle esa condición, pues ello implicaría su retiro forzoso en caso de que un peritaje médico legal que tomara en cuenta tanto el traumatismo craneoencefálico como su condición adictiva lo declarara NO APTO para seguir boxeando. Había demasiados intereses de por medio, después de todo, los riesgos que el sujeto y los suyos corrían no eran importantes, lo que importaba era que él producía mucho dinero, le confería status al país e inhabilitarlo, además, equivaldría a romper un ícono, era como matar la gallinita de los huevos de oro.
Es conocido por toda la comunidad médica y no médica, que las mencionadas drogas, y sobre todo la cocaína y el crack producen neuroestimulación y que ésta es aún más acentuada en las personas que han sufrido lesiones cerebrales. Es sabido también que la cronicidad del consumo produce atrofia cerebral, principalmente a nivel del lóbulo frontal por la aspiración del polvo y/o el humo, lo que convierte a los consumidores en personas muy violentas e impulsivas que pueden llegar a perder la razón. Al parecer tampoco nada de esto fue tomado en cuenta. Las entidades gubernamentales que se suponen encargadas de supervisar y orientar a los deportistas brillaron, por su ausencia. ¿Alguna vez le practicaron pruebas de dopaje antes de pelear?
Como consecuencia directa de todo ello sobrevienen los trastornos de conducta, que secundados por la alabanza de propios y extraños se traducían en el maltrato al que sometía a Jennifer y -según declaraciones- en amenazas de quitarles la vida a varios miembros de su familia. Al parecer en varias ocasiones ella intentó separarse, pero impotente ante el poder y la amenaza, volvía con su marido. Realmente estuvo muy sola. En el mes de marzo, con ocasión de haberle propinado una fuerte golpiza, Jennifer estuvo hospitalizada, lo denunció y luego por temor retiró la denuncia.
El tribunal -como se ha dicho hasta la saciedad- en lugar de mantenerlo contenido, dada su peligrosidad y el riesgo que corría su esposa, le concedió rápidamente una medida cautelar de libertad que malamente usó para reincidir y propiciar el trágico final, inducido por la psicosis paranoide que padecía y la coca que acababa de consumir según declaraciones de algunos conocidos y familiares. Es llamativo que habiendo tenido el "Inca" comunicación con autoridades ministeriales éstas no lo hayan asistido, en el verdadero sentido de la palabra, con la premura que su caso ameritaba. Lo lógico, es que hubiese sido ingresado en un centro de desintoxicación de agudos y luego trasladado a uno de crónicos, eso hubiese sido una verdadera ayuda y protección tanto para él como para sus familiares. Es patético el que fuese sometido a un proceso de desintoxicación de sólo cinco días y luego dado de alta. Ninguna persona con un consumo crónico de drogas, se desintoxica en ese tiempo y mucho menos mejora su condición adictiva. Posiblemente el mal entendido amiguismo desestimó su condición y después de todo, no podía exponerse al escarnio público al prototipo del hombre nuevo.
La saga de los boxeadores, tal como lo describe Tulio Hernández, se vio nuevamente cumplida. Aparte de Jennifer y Valero, quedaron los hijos, pequeñas víctimas de un proceso donde la ética pública estuvo ausente desde el principio. El "Inca" no supo o no pudo apropiarse de sus posibilidades, no pudo apropiarse de sí mismo. Fue víctima y victimario por sus propias circunstancias. En consecuencia, se enfrentó con su fracaso vital, fue expropiado, y como dice Cortina, "dejarse expropiar o venderse es hacer el peor negocio de la vida: es renunciar a la propia autonomía".
No solo las personas estamos obligadas a forjarnos un carácter, sino que también las instituciones tanto públicas como privadas, incluso las actividades profesionales deben hacerlo, porque ellas van adquiriendo sus características particulares, buenas o malas, justas o injustas y dependiendo de las posibilidades de las que se apropien harán o no valer su eticidad y su universalidad.
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